Voto joven del Carchi sin ofertas claras de candidatos

Aspirantes a prefectura y alcaldía de Tulcán aparecen con jóvenes en redes pero se los mencionan poco en sus planes. Siguen problemas de salud mental, empleo y educación. 

 

Desde el pasado 3 de enero, el ambiente se tornó agitado en Tulcán. Medios de comunicación, redes sociales, calles y esquinas con material publicitario, bandas de pueblo y músicos hacen propaganda política.

En esta ciudad del norte del Ecuador, también se escuchan canciones de reguetón o variaciones de la bomba del Chota. A esto se suman recorridos, entrega de bolsas de mercado y de flyers. En total, son seis candidatos que esperan llegar a la alcaldía de la capital de la provincia. 

Sus propuestas abarcan temas como mejoras en el sistema de agua potable, cementerios, vivienda, empleo, entre otros. Sin embargo, llama la atención como únicamente 17 de las 179 páginas que reúnen los planes de trabajo disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), mencionan temas relacionados a la juventud como educación, enfoque intergeneracional, recreación, edad, entre otros.

Ningún candidato ha mencionado en sus planes a los jóvenes de la nacionalidad Awá más allá de los diagnósticos generales que ya se conocen de esta población. Sin embargo, en parroquias como Tobar Donoso —donde la mayoría de la población pertenece a esta nacionalidad— no tienen carreteras de acceso o salida hacia la provincia del Carchi, hay problemas de desnutrición y recién desde el año pasado, está disponible el bachillerato completo para los jóvenes.

De 148 mil electores de esta provincia, más de 42.500 son jóvenes que darán su voto en Carchi. Por lo tanto, se trata de un sector importante que elegirá a las nuevas autoridades. 

A pesar de ello, hay pedidos que esperan solución de este grupo poblacional como salud mental, violencia basada en género, empleo, educación, migración, medio ambiente  y conectividad, tal como lo menciona la organización Manifiesto Juvenil del Carchi que elaboró un documento junto con la Prefectura, ONGs y otros actores juveniles.



Sobre los jóvenes, ¿qué dicen los planes de los candidatos que buscan la reelección?

De los seis candidatos para la alcaldía de Tulcán, Cristian Benavides es quien tiene menos edad. Con 39 años, es el actual jefe del cabildo. 

En su plan aparecen las palabras “jóvenes”, “edad”, “adolescentes” y afines en cinco  páginas de su plan de trabajo.  A manera de diagnóstico, el documento se refiere al poco acceso a la educación superior, a las unidades educativas municipales y a la posibilidad de concretar una agenda de desarrollo tomando en cuenta las edades de los jóvenes en los sectores urbanos y rurales.

Pese a que han implementado iniciativas para jóvenes en su administración como intercolegiales de música, lanzamiento de proyectos en salud mental o espacios deportivos, esperan poder emitir una ordenanza próximamente, que facilite destinar recursos a favor de la juventud, según Fernando Revelo, del departamento de Cultura del municipio.

Además hay necesidades pendientes acerca del acceso a la educación superior y el empleo, aspectos presentes en la Agenda Local para la Igualdad, documento elaborado por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tulcán. Este texto orienta la política pública del cantón en la protección de derechos para jóvenes, niños, niñas, adolescentes, mujeres, grupos LGBTI, personas con discapacidad, entre otros. 

Tampoco se han dado a conocer de manera pública los impactos de proyectos como Alcalde por un día, incentivos a gobiernos estudiantiles de secundaria o fondos concursables enfocados a la cultura. 

En el plan de otro de los candidatos, Guillermo Herrera, no se menciona la palabra “jóvenes” o “juventud”. Solo hay una mención referente a lo recreativo. 

Herrera tiene  cincuenta años y  ha sido viceprefecto y  prefecto dos veces. La primera vez por el movimiento Integración Democrática y, actualmente, por el partido Izquierda Democrática. Ambas agrupaciones políticas comparten los mismos principios y objetivos.  

La prefectura del Carchi ha estado dirigida por la Izquierda Democrática e Integración Democrática desde el año 2000 y, desde el 2012, Guillermo Herrera ha estado en el cargo junto con Melva Cadena, quien fue su viceprefecta. Ahora, ambos se postulan para la alcaldía  y prefectura, respectivamente. 

A Herrera es posible verlo en sus recorridos de campaña y en videos de Tik Tok acompañado de jóvenes, algunos de ellos candidatos a concejales por su lista.  

Es en el régimen de este partido y movimiento que se crea la Casa de la Juventud, que se encarga de talleres, capacitaciones, conformación de grupos artísticos de niños, niñas y adolescentes. 

Diana Pozo, coordinadora de este centro, explica que algunos jóvenes que han sido parte de la Casa de la Juventud, han estado involucrados en voluntariados y servicios sociales y que esto los ayuda a formarse una idea positiva de la política. La funcionaria acepta que algunos de aquellos jóvenes han participado luego en contiendas por la Izquierda Democrática así como por otras opciones partidistas.

 Durante los últimos tres años se han asignado alrededor de tres millones de dólares para las actividades de este centro, dice Pozo. Sin embargo, en este período no se crearon casas de la juventud en todos los cantones o se las descentralizaron, tal como consta en los planes de campaña del 2013 de Guillermo Herrera y Melva Cadena. 

Actualmente, de los seis cantones en toda la provincia, las casas de la juventud solo existen en dos: Tulcán y Montúfar. 

Patricio Rodríguez, otro de los postulantes a la alcaldía, habla de estudiantes —que se asume que son jóvenes— al referirse a la mejora de los transportes escolares.  De su parte, el candidato del partido Construye, Hugo Sánchez, habla de manera general sobre el empleo, la cultura y la salud mental. En tanto que la apuesta del Movimiento Renovación Total (RETO), Andrés Ruano, habla de empleo, vivienda y, en relación a los problemas de los jovenes, se refiere a la educación y la, violencia sexual. 

Finalmente, Yolanda Chamorro, única mujer que corre por la alcaldía por Revolución Ciudadana, no subió su plan de campaña a la plataforma del Consejo Nacional Electoral. Subió una declaración juramentada de no poseer paraísos fiscales.

En el caso de las propuestas de los cuatro candidatos para la prefectura, la cultura, que es el eje donde se realizan programas y proyectos enfocados a la juventud, están casi al final. Las propuestas priorizan seguridad, economía, instituciones, ambiente, seguridad, agricultura, productividad, empleo, ordenamiento territorial, derechos y vialidad. 

Nuevas generaciones con los mismos problemas 

Ernesto Robles, activista por los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde inicios del año 2000 y funcionario de Bienestar Estudiantil de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, sostiene que en Tulcán no se han solucionado problemas como los altos índices de suicidio.  


Esto es algo en lo que coincide  el estudio “Epidemiología del suicidio de adolescentes y jóvenes en Ecuador”, de la Revista Panamericana de Salud Pública. Allí se refiere a que  la tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes en el Carchi, de los 19 a los 21 años, creció de 16 en el periodo 2001 - 2007 a 21 en el periodo 2008 - 2014. El estudio indica que la provincia tiene la tasa más alta que el resto de provincias. 

Álex López, joven ambientalista del grupo Ecoamigos de Tulcán, afirma que tampoco hay garantías de seguridad estudiantil, en lo psicológico, capacitaciones y no hay veedurías públicas para el control. 

Es una realidad que se espera cambiar en estas elecciones con la obligatoriedad de  que se incorporen más candidatos jóvenes en las listas para estas elecciones conforme lo ordenan  las reformas del Código de la Democracia respecto del porcentaje exigido por el Consejo Nacional Electoral para la conformación de listas por jóvenes y mujeres. “Es algo súper necesario y que debe ser respetado. Animo a que realmente se apliquen los mecanismos de participación ciudadana y se nos invite a participar más en la toma de decisiones ”, dice Estefy Cárdenas, activista feminista de Tulcán. 

Ángela Rojas, autora de la tesis de grado de la Politécnica Estatal del Carchi,  “Análisis de la participación ciudadana de los jóvenes de 15 a 24 años en la formulación de políticas públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Carchi en el 2017”, en la que se investiga este tema, sostiene que el papel de los jóvenes en la provincia es netamente consultivo  y su participación no incide en las obras o proyectos.

Una de las razones para ello, según indica el estudio del 2017 y el único relacionado a esta problemática en la provincia, es que el 76% de 340 jóvenes encuestados no conoce sobre los espacios para la participación ciudadana. Además, solo el 2% participó en la Asamblea Provincial, el 2% en mesas temáticas, 5% consultas ciudadanas, el 2% en presupuestos participativos.

Todos estos temas han sido analizados en eventos como el encuentro del Observatorio de Zonas de Integración Fronteriza en agosto del 2022 que reunió a varios jóvenes de provincias como Carchi, Esmeraldas y zonas vecinas como Ipiales (Colombia). En la mesa de jóvenes se plantearon 19 observaciones de la situación de la juventud en frontera, una de ellas señaló que se ha utilizado a los jóvenes de manera instrumental en la política, únicamente para validar la creación de leyes, según Andrea Obando, parte de la agencia alemana para la cooperación al desarrollo en el exterior, una de las organizadoras del evento. 

Cifras sobre educación, empleo, violencia  y migración en otros cantones    

Pese a que desde el 2015 se elaboró una agenda juvenil provincial y, en Montúfar y Huaca otra agenda —ahora cantonal— se realizó en el 2020, los resultados de ambos proyectos señalan que el empleo no adecuado y la educación aún son temas por atender. 

En el cantón Montúfar, por ejemplo, pese a que la población de mujeres alcanza los 17.184 superando la de hombres que es 17.045, según el Sistema Nacional de Información,  hay menos mujeres que hombres en edad de permanecer en el sistema educativo, lo cual significa que en el futuro, no podrán acceder a oportunidades laborales. 

No obstante, según el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de ese cantón, los jóvenes ya no quieren trabajar en la agricultura porque consideran que las actividades agrícolas demandan mucho esfuerzo físico y se gana muy poco: alrededor de 16 dólares diarios. A esto se le suma que deben competir con trabajadores colombianos o venezolanos que hacen el trabajo por cinco o diez dólares, según la agenda de protección de derechos de la misma institución. 

En tanto que, en el cantón Huaca, el centro de las preocupaciones para los jóvenes es el desempleo. No hay trabajo, excepto por las actividades agrícolas y pecuarias del cantón. 

Estefy Cárdenas, indica que lo laboral sigue siendo una deuda pendiente porque se ha favorecido los emprendimientos pero de manera superficial. 

También pide que los espacios laborales sean lugares libres de violencia y de discriminación. “Es algo que es importante cultivar en la provincia, pues especialmente para mujeres, población migrante, población LGBTI+, jóvenes rurales, entre otros grupos es mucho más difícil acceder a trabajos sin vernos sometidos a la violencia y el abuso”, explica. 

Sin embargo, hay otro factor  en el que los candidatos deben pensar al momento de generar políticas públicas inclusivas: los jóvenes migrantes venezolanos y colombianos que se establecieron en la provincia. A decir de la agenda local para la protección de derechos del cantón Montúfar, son percibidos, principalmente personas peligrosas que causan inseguridad.   

Diego Fung, joven migrante venezolano que vive en Tulcán, manifiesta que el  apoyo para la incorporación de la población venezolana radicada en el Carchi, sí ha existido pero debe ampliarse mas a toda la provincia. “Actualmente existen diversos grupos sociales, como ONGs que buscan integrar al migrante dentro de la sociedad ecuatoriana, pero creo que se debe ampliar un poco más al momento de realizar esos apoyos dentro del país y quizás en la misma provincia”, manifiesta. 

Este es el contexto en el que se desenvuelve  la juventud de Tulcán y la provincia ante un nuevo sufragio. También es el reto para 38 candidatos a alcaldes de los 6 municipios, cuatro postulantes a la prefectura, 740 aspirantes a juntas parroquiales, 117 a concejalías  urbanas y 92 concejalías rurales. 

El reto para el votante es conocer a sus candidatos. En el caso de las propuestas para alcaldes de Tulcán toma alrededor de una hora leer los ofrecimientos presentes en el plan plurianual o los objetivos de los planes de trabajo. Sin embargo, no todos los votantes los leen. 

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Este trabajo periodístico se realizó como parte de la alianza de la Fundación Periodistas Sin Cadenas y el medio digital Vínculo gracias a la beca para cobertura electoral entregada por la organización. 


La parroquia fronteriza de Tobar Donoso recibe la visita del Estado una vez al año

Los habitantes de la parroquia ecuatoriana de Tobar Donoso están más cerca de Colombia que de Ecuador. En apenas cuatro horas pueden llegar al vecino país navegando por los ríos que sirven de frontera natural, pero para conectar con los principales centros urbanos del norte de Ecuador deben caminar al menos tres días. No existe carretera que comunique Tobar Donoso con el resto del país. El Estado está ausente, una brigada del Estado llega anualmente para atender asuntos cotidianos como poner vacunas o registrar a los ecuatorianos que nacieron en la zona. Además, la teniente política, representante del Ejecutivo, no está en el territorio y gobierna a distancia.

Tulcán, 26 de septiembre de 2022
Red de Periodismo de Investigación Fundación Periodistas sin Cadenas, Jorge Amador - Lorena Erazo - Gary Guerrón

Tobar Donoso es una parroquia asentada en el confín noroccidental del Carchi, en medio de los bosques del Chocó, montes húmedos y tropicales con gran diversidad de flora y fauna. Poco más de 2.200 personas viven aisladas en esta zona: son afroecuatorianos, mestizos e indígenas awá, una de las 14 nacionalidades indígenas del Ecuador asentada en el norte de Ecuador y en el sur de Colombia.


El centro poblado más grande de la parroquia también se llama Tobar Donoso. Hay casas de madera con techos de zinc, dos canchas, tres tiendas de víveres, una escuela y el destacamento militar. No existe un puesto de salud, ni unidades de policía comunitaria, ni infocentros, ni entidades financieras ni farmacias. 


Además hay otros  poblados o caseríos conectados por trochas que los mismos habitantes han abierto en medio del bosque y por afluentes: La Tarabita, Sabalera,  La Ojala,  La Unión, El Refugio, El Mira, El Sedal, El Descanso, La Botella y El Baboso. 


No existen carreteras que la conecten con el resto del país. Las personas que necesitan salir deben caminar durante tres días dentro del territorio ecuatoriano y exponerse a las mordeduras de culebras como la X, la verrugosa y la coral. La alternativa más habitual es cruzar los ríos San Juan y Mira que los llevan a Colombia en cuatro horas.


Esto funciona siempre y cuando no haya paros armados, que son restricciones de movilización impuestas por los grupos armados colombianos que operan en la franja fronteriza al margen de la ley. En esas circunstancias, los ecuatorianos deben solicitar autorización para navegar por los afluentes colombianos.


 “Son amenazados por ellos, que les dan horarios para circular”, señala Patricio García, comandante del destacamento militar Tobar Donoso. Los grupos armados están identificados como: Oliver Sinisterra, Uriel Rondón y Los Contadores, cuyos miembros actúan en la frontera norte y se disputan el territorio comprendido entre la desembocadura del río Mataje, Tobar Donoso y Tulcán.

Los militares son la cara más visible del Estado, pero en materia de servicios los tobareños carecen de todo.

Aparte del destacamento militar, la presencia del Estado se reduce a dos policías que no están las 24 horas en el pueblo y la teniente política, Michelle Jurado, que tampoco está permanentemente en Tobar Donoso. Esta persona administra la comunidad desde Tulcán, lo que ya contraría la norma que dice que los tenientes políticos deben permanecer en territorio.


La funcionaria no aceptó la entrevista para esta investigación, solamente justificó su ausencia diciendo que asiste a Yaco Martínez, gobernador del Carchi, que no está autorizada para hablar y desde la capital de la provincia coordina las actividades inherentes a la parroquia. 


La función de la teniente política es necesaria para la solución de controversias y altercados en esta comunidad. Ante su ausencia, la Junta Parroquial, gobierno seccional que se elige a través del voto cada cuatro años, asume buena parte de sus obligaciones. Los vocales de la junta eligen al presidente y juntos convocan a la asamblea en donde se resuelven los problemas, se planifican mingas y otras actividades dentro de la parroquia.


En este territorio los conflictos se resuelven sancionando a los infractores con trabajo, si hay riñas o disputas tendrán que cargar arena para adecuar los senderos. El tiempo de castigo lo dispone la asamblea, presidida por Carlos Pai, un tobareño de 48 años, con rasgos awá, que ha estado vinculado con los quehaceres políticos de la parroquia desde hace más de una década. “El delegado (teniente política) no ha llegado a la parroquia, de pronto le ha de dar miedo un poco ir allá, por ser ajeno al territorio”, dice. 

La oficina de la tenencia política de Tobar Donoso está abandonada. 

LAS RUTINAS EN ESTOS PUEBLOS AISLADOS

Los tobareños están acostumbrados a trabajar la tierra para su propio beneficio y el excedente lo venden entre los caseríos. Su producción agrícola no puede ser grande. La falta de carreteras impide la comercialización.


Vicente Cantincuz, es un hombre awá, de contextura delgada, que cultiva yuca, plátano y maíz en su finca de La Tarabita . “Sembramos para nuestro alimento mismo” manifestó. A veces carga en su espalda durante tres horas los productos que le sobran para venderlos en Tobar Donoso.


En algunas ocasiones, cuando tiene más de la carga que soportan sus extremidades paga 20 mil pesos —cinco dólares— para trasladar sus productos por vía fluvial. Navega por el fronterizo río San Juan para llegar a Tobar Donoso. 


Todas las transacciones se hacen en pesos colombianos y con el poco dinero que obtienen del intercambio agrícola compran víveres de procedencia colombiana que llegan a Tobar Donoso con un costo muy elevado.


Por ejemplo, un kilo de azúcar en las tiendas de la parroquia cuesta 8.000 pesos colombianos (1,90 dólares) mientras que en las tiendas colombianas vale 2.900 pesos (0,69 dólares); un kilo de arroz está a 5.600 pesos (1,33 dólares), y en el otro lado de la frontera, 3.200 pesos (0,76 dólares); un kilo de aceite se vende por 12.000 pesos (2,85 dólares) y en los comercios en Colombia se consigue a 10.500 pesos (2,50 dólares).


Teresa Taicuz es una indigena awá que suele caminar tres días cuando quiere conseguir ropa y víveres más baratos. El primer día camina ocho horas hasta el caserío La Ojala, donde pide posada para pasar la noche, al siguiente día se acerca a La Unión, y finalmente llega a El Baboso, comunidad más cercana a Lita.


Por allí pasa la carretera que conecta los principales centros urbanos de la frontera norte: San Lorenzo, Ibarra y Tulcán. “Desde pequeña me he acostumbrado yo, solo estoy caminando por ahí,  me duelen las piernas y eso cuando uno viene cansadísimo como para no levantar” manifestó.

El centro poblado más grande de Tobar Donoso tiene una cancha en el centro del pueblo. 

Los que vienen de fuera no están habituados a estas caminatas. Tito Chalá, sacerdote católico que durante cinco años estuvo en esa parroquia eclesiástica, conoce la realidad de las comunidades noroccidentales. En uno de sus viajes experimentó las dolorosas llagas que provocan el rozamiento de la piel con la ropa y la fatiga de llevar la carga cuando no hay mulas ni caballos que ayuden a los caminantes. “Es una realidad difícil de describir”, dice. 


Había un puente que acortaba las distancias entre Tobar Donoso y La Tarabita, pero está estropeado desde hace tres años. Ladonias Cantincuz es un poblador awá de La Tarabita, este hombre de hablar pausado dijo que sin el puente deben caminar dos horas y media más. La falta de materiales obligó a detener esta obra que la comunidad considera prioritaria, confirmó Carlos Pai, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial.


La materia prima para la reconstrucción está en territorio colombiano. La inexistencia de vías desde y hacia la parroquia los obliga a trasladar los materiales vía fluvial por Colombia. Ahora esperan la autorización de los grupos armados para que permitan el traslado del material a la parroquia. “Nos han pedido incluso identificación a toda la gente en el sector, luego dicen que ya nos dejan el paso libre” acotó Pai. 

PRESENCIA INTERMITENTE DEL ESTADO 

En junio de 2022 ingresó en helicóptero una brigada interinstitucional a Tobar Donoso. Representantes de los ministerios de Salud, Educación, Inclusión Social y Económica, Agricultura, Registro Civil y Secretaría de Pueblos visitaron la parroquia durante tres días.


La aeronave de fabricación rusa, que carga un máximo de 4.000 kilogramos y suele llevar a entre 15 a 20 personas, despegó de la base naval de San Lorenzo, en Esmeraldas. Durante el trayecto por tierra, desde Tulcán hasta San Lorenzo, la brigada fue fuertemente vigilada por elementos de seguridad de Ecuador. Parte del equipo de esta investigación acompañó a los agentes estatales.


El viaje en helicóptero dura 20 minutos, pero es una oportunidad que no todos tienen. El vuelo está reservado para el personal militar del destacamento Tobar Donoso. Para conseguir un asiento en el vuelo se coordina directamente con el comandante del destacamento militar y Carlos Pai.


“Cuando los comandantes son chéveres en el destacamento nos dan apertura y cuando no son de la simpatía de la población civil nadie pasa, nadie puede viajar en helicóptero”, dice el funcionario. Él trata de resolver las peticiones y necesidades de los habitantes de la comunidad. Cuando los pobladores quieren salir de Tobar Donoso, también gestiona una autorización con la Gobernación del Carchi, quienes a su vez tramitan el pedido con el Comandante de la Brigada Andes.


En casos excepcionales, como las brigadas médicas, de cedulación y en elecciones, personal civil ingresa y sale en helicóptero desde el destacamento ubicado en la colina del centro poblado. 


Los lugareños habían esperado ocho meses para recibir atención médica, registrarse, cedularse y entregar documentos para el registro social. En una de las casas de madera del pueblo está el establecimiento de salud que los habitantes de Tobar Donoso construyeron con sus propios recursos. Quienes conformaron la brigada de salud se ubicaron en la rústica edificación donde se colocaron pupitres y sillas de plástico para el equipo médico compuesto por 14 personas.


Una multitud se congregó en el exterior del inmueble, fueron dos días de atención. Largas colas de  mujeres con niños en brazos, adolescentes y adultos, de pie tras caminar desde sus comunidades esperaron a que los llamaran por su turno.


Se vacunaron a 353 infantes con el esquema regular, 351 personas fueron atendidas en medicina general y ginecología a las mujeres se les colocó implantes anticonceptivos y 296 personas se les realizaron tratamientos odontológicos, tras la revisión los pacientes recibieron medicinas y suplementos vitamínicos.

La brigada del Ministerio de Salud atendió a 1.113 personas en dos días. 

Con la brigada también llegaron las vacunas contra el Covid-19. Se aplicó las dosis a los que no recibieron la primera inmunización en septiembre del 2021, tarea que fue llevada a cabo por la Brigada de Infantería Andes en coordinación con el ministerio de Salud, que llevó mil doscientas dosis de la vacuna CanSino —de una sola dosis— en esa ocasión. A otros se los vacunó por primera vez, en total 113 pobladores fueron inmunizados en esta visita. 


Ximena Chugá, directora distrital de Salud, fue parte de la brigada y aseveró que la desnutrición influye en el peso y la talla de la población awá. Según datos del Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT 2016 – 2019) casi la mitad de la población infantil de la parroquia padece desnutrición crónica. Las enfermedades de la piel también aquejan a la población, según Chugá.


Las personas presentan cicatrices en el rostro y partes del cuerpo, similar a una quemadura, es semejante a las marcas que provoca una enfermedad conocida como Leishmaniasis, sin embargo precisó que no hay estudios que los confirmen porque no se realizaron biopsias ya que las lesiones no estaban activas. 


No hay atención de especialidades, solo en La Tarabita y La Sabalera hay un promotor de salud quien brinda los primeros auxilios a los comuneros. Tatiana Rojas, es la directora de la escuela Adolfo Jurado González, la única institución educativa de la cabecera parroquial, tuvo que aprender primeros auxilios para ayudar a los pobladores de la zona.


Ahora además de las clases, sutura heridas y asiste a los habitantes con telemedicina con la guía de Byron Jerez, médico de San Marcos, comunidad de la vecina parroquia El Chical. En mayo de este 2022, un niño se lastimó los dedos, la directora le brindó los primeros auxilios pero luego lo llevaron al destacamento militar para que en helicóptero lo llevaran hasta una casa asistencial en San Lorenzo.


La falta de sanitarios también es suplida por curanderos como Lizandro Rodríguez Nastacuaz, que nació en 1942, el mismo año que Tobar Donoso se convirtió en parroquia. Este hombre, entre risas, dice que ya está en edad de morir. El Mireño, como lo conocen, vive en el caserío El Mira a una hora y media de camino del centro poblado.


A Lizandro acuden los lugareños cuando sufren de las mordeduras de serpientes; él es quien prepara el antídoto contra las mordeduras de estos reptiles. Además cura “el mal del monte” y otras enfermedades usando su sabiduría en plantas nativas y conocimiento tradicional. 


La directora de la escuela de Tobar Donoso media también en algunos conflictos de los mestizos. En cambio en las comunidades awá se usa el “cepo” para castigar a quienes mienten, pelean o agreden a sus esposas. Esta sanción está presente en la cultura awá y es un artefacto de madera en donde los infractores colocan pies y manos de ser el caso, permanecen inmovilizados por horas, el tiempo depende de la infracción.

REGISTROS DE NACIMIENTO TARDÍOS 

Los lugareños hicieron fila para buscar atención sanitaria y hacer otros trámites como registrar a los niños. 

El aislamiento también afecta el derecho a la identidad. No existen oficinas del Registro Civil y los pobladores deben esperar a la brigada especial. En algunos casos hay personas que nunca han sido registradas como ecuatorianas.


En el año 2021, después de ocho años de no darse un ingreso, una brigada del Registro Civil visitó la parroquia. En esa ocasión, 36 niños fueron registrados y 73 personas recibieron por primera vez su documento de identidad. En la visita de junio de 2022 hubo 33 niños nuevos registrados y 54 personas recibieron su primera cédula.


Teresa Taicuz es una de los tantos tobareños que fue inscrita tardíamente. En papeles tendría 43 años, pero aparenta más por las arrugas en su piel dorada por el sol. No recuerda exactamente cuántos años tiene y esto le impide saber a ciencia cierta a qué edad tuvo a sus vástagos.


No sabe bien la edad de la hija mayor y cree que el segundo tiene 32 años, pero eso significaría que lo tuvo con 11 años. “Mi cédula aparece que nací en 1979, pero mis padres no me acompañaron a la inscripción, de hecho consto como huérfana y eso no es así”. 


Ladonías, el vecino de La Tarabita, recuerda que fue inscrito a los ocho años, cree que tal vez fue en una brigada. A los 19 años viajó a Tulcán para sacar la cédula de mayor de edad, fueron tres días de camino. Son los dirigentes de las comunidades los que se encargan de anotar cuando nace un niño y pueden pasar meses hasta que entre alguna brigada y no siempre los lugareños registran a sus hijos.

La brigada del Registro Civil inscribió a 33 niños y 54 personas recibieron su primera cédula.

LA EDUCACIÓN SE MANTIENE PESE A LA AUSENCIA DEL ESTADO 

Los cambios que se lograron han sido en la escuela Adolfo Jurado González, la más grande de las siete que existen en la parroquia. Tatiana Rojas, su directora, dice que fue gracias a las contribuciones económicas de los padres de familia. Las mingas permitieron adecentar el establecimiento educativo. 


Cuando la docente de 36 años llegó a la comunidad, en noviembre del 2017, sólo había 27 estudiantes, pero a la fecha 104 alumnos cursan desde educación inicial hasta séptimo de básica. Al menos un año le tomó recorrer las comunidades cercanas para convencer a los padres de familia para que inscriban a sus hijos en la escuela.


Para el año lectivo 2022-2023 se  implementó el octavo año de educación básica y 15 estudiantes fueron promovidos, sin embargo no hay perspectivas de que la educación secundaria sea completa. 


Tatiana dejó a su familia en Ibarra hace más de cinco años, cuando fue nombrada directora de la unidad educativa. Sin embargo, con el nombramiento también llegaron los retos y las vicisitudes. En este tiempo vio a profesores abandonar la parroquia. Como anécdota recordó que uno de sus compañeros se marchó porque en uno de sus recorridos se encontró con una culebra.


Cada mes, la maestra sale para visitar a sus familiares en Ibarra. Ella cruza a Colombia para luego volver a Ecuador por Mataje. El viaje completo dura 13 horas y cuesta 110 dólares. Antes de cada viaje planifica con los conductores que la llevarán a su destino. Cuando la directora ingresó por primera vez lo hizo vía aérea con el relevo de los militares.


El primer día de su llegada a este poblado algunos de sus habitantes le preguntaban si se quedaría de manera permanente: “Verá profe, sea bienvenida, pero aquí no vive el que quiere sino el que puede”. “Ellos (los niños) me dicen por qué no hay enfermera o un doctor que nos atienda”, recuerda Tatiana y acota que dentro de los sueños que tienen sus alumnos están ser médicos, o enfermeras.


“Les digo que estudien para que puedan retribuir a su pueblo. Pero si no terminamos un bachillerato y estamos estancados en un séptimo grado, es un problema. Estamos hablando de que los niños no van a cumplir sus sueños”, comenta.


La directora trabaja para que en el futuro en la unidad educativa se oferte el bachillerato y los adolescentes no abandonen el sistema educativo al terminar la educación elemental, ya que la mayoría de estudiantes de las comunidades no viven cerca del centro poblado de Tobar Donoso.


Las largas distancias y la lejanía son impedimentos para estudiar, en la Tarabita hay casos en los que los alumnos tienen que caminar dos horas hasta la escuela. Los padres por temor a lo que les pueda pasar en el trayecto, optan porque sus hijos inicien sus estudios cuando ya tienen entre 10 y 12 años o no estudien. Según datos del PDOT, el 42,48% de la población de la parroquia es analfabeta.

Las mingas han permitido que la escuela Adolfo Jurado mejore su infraestructura en parte. 
Una nueva aula para la escuela fue construida gracias a la contribución de los padres de familia. 

LOS SERVICIOS BÁSICOS, UNA DEUDA PENDIENTE 

En extensión, la parroquia es más grande que Tulcán (tiene 623  kilómetros cuadrados, esto es casi un tercio del territorio de la capital provincial: 1817 km2), pero paradójicamente no recibe la misma atención.


La parroquia está a la cola del desarrollo con el índice social más bajo en cuanto a cobertura de servicios y derechos de toda la zona 1, que comprende a las provincias fronterizas de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos, según las estadísticas del Plan de Ordenamiento Territorial.


Es la parroquia con la situación más crítica de la Sierra, toda esta población se encuentra bajo la línea de pobreza según el último censo del INEC del 2010. Ninguna comunidad tiene agua potable, ni teléfono convencional ni recolección de basura. 


Los tobareños aprovechan el agua de los afluentes para abastecerse del líquido vital, en las casas de la cabecera parroquial pequeñas mangueras negras son visibles por doquier, los tubos están conectados a un reservorio que capta el agua de una vertiente cercana y se distribuye sin costo.


Cuando hay precipitaciones pluviales en exceso y el nivel del río crece, la corriente arrastra la manguera y el pueblo se queda sin agua. Como medida de prevención los lugareños recogen el agua lluvia hasta realizar la reconexión. 


El consumo del líquido vital sin tratar no está exento de riesgos para la salud. Tatiana Rojas y sus dos compañeras Yajaira Cuasquer y Daisy Folleco sufrieron problemas digestivos como dolor de estómago y diarrea cuando la consumieron por primera vez, ahora la hierven y echan gotas de cloro, pero pocas personas de la comunidad hacen lo mismo y la mayoría la consumen como llega desde el reservorio lo que provoca quebrantos en la salud.


No todas las comunidades de la parroquia tienen cerca afluentes para captar el agua, en El Baboso las quebradas están a 300 o 400 metros de distancia. Roberto Taicuz, dirigente de esa comunidad, contó que en un estudio realizado al agua que consumen se determinó que el 60%  está contaminada por parasitosis y eso se refleja en el grado de desnutrición y en enfermedades relacionadas.


En otros caseríos y comunidades de la parroquia cada familia se encarga de buscar la fuente dónde recoger el agua sea de ríos o vertientes cercanas a sus casas.

El río Camumbí atraviesa los caseríos de Tobar Donoso y abastece de agua a los lugareños. 

La cabecera parroquial es la única que cuenta con alcantarillado para las aguas servidas, otras cuentan con pozos sépticos, pero en La Tarabita las personas hacen sus necesidades en el monte, esa es la rutina diaria según Juan Cantincuz, docente de la comunidad. 


El servicio de recolección de basura no existe en ninguna población de la parroquia. En la cabecera hay pozos donde los habitantes botan los desechos orgánicos y la basura inorgánica se recicla o quema, las familias que no disponen ordenadamente de sus desperdicios son multadas.


En el centro poblado existe un comité pro mejoras que convoca a la realización de mingas obligatorias para recoger la basura. Los pobladores que no participan en la recolección realizan trabajos comunitarios.


En la comunidad de El Baboso se separa la basura orgánica de la inorgánica. La primera se conserva para usarla como abono para los cultivos de plátano, yuca, caña de azúcar, piña, entre otros. La segunda se arrojaba en un pozo que construyó la comunidad hace dos años, pero ya se llenó.


En los últimos años, con la llegada a la comunidad de personas que compran chatarra, los materiales reciclables como plásticos, latas y botas de caucho viejas son guardados y vendidos por los niños.


El fluido eléctrico llegó en 2014, pero no cubre todo el territorio. Ante la falta de fluido eléctrico, las familias awá usan generadores o fabrican una lámpara con un botellón que llenan con diesel o kerosén, le añaden un trozo de tela como mecha. Roberto Taicuz, representante de la Federación de Centros awá del Ecuador, dice que es muy común en las comunidades alumbrarse de esta forma.


En estos poblados, algunos recurren a una práctica ancestral que consiste en usar la resina que sale de un árbol de la zona, la colocan en una hoja “como un tamal” y eso permite hacer un mechón. Ladonías Cantincuz vive en La Tarabita en compañía de su esposa y seis hijos, en esta comunidad se mantienen prácticas ancestrales para iluminar las noches.


“Nosotros nos mantenemos con la brea, en la montaña tumbamos un árbol y sacamos un pedazo de balsa y ahí ponemos a mezclar con la brea, compramos un mechero y  sacamos (una chispa) con una piedrita y con eso nos manejamos”.


A esto se suma que en Tobar Donoso las lluvias son constantes y en ocasiones provocan la caída de árboles que dañan la infraestructura eléctrica y se suspende el servicio que llega desde San Lorenzo. La directora de la escuela averiguó quién era el funcionario que supervisa la prestación del servicio para el sector y suele comunicarse con el profesional para gestionar el restablecimiento de la corriente cuando hay cortes de energía.


“Siempre me ha dicho que le avise si se va la energía, siempre ha sido un colaborador”, cuenta. Estas interrupciones afectan el desenvolvimiento de las clases, más cuando tienen planificado usar el televisor. Los padres de familia y las docentes reunieron dinero para comprar un generador de electricidad.


En La Tarabita cuentan con internet desde hace tres años, pero no tienen energía eléctrica, y no se puede comprar combustible regularmente para prender el generador de energía. En La Tarabita, Juan Cantincuz, profesor de la escuela La Corozala, dijo que para tener acceso a internet por cuatro horas diarias, tendrían que invertir al menos 20 dólares en combustible. 


Todo en Tobar Donoso se consigue por autogestión: pagar por el combustible para tener luz, tejer una red de tuberías para traer agua desde los ríos o afluentes, construir escuelas, centros de salud, sembrar y cazar sus alimentos, cargarlos… El Estado es intermitente y como se ha expuesto en este reportaje llega una vez al año y se queda tres días. Luego todo depende de los habitantes, incluso deben pedir autorización a los grupos armados para moverse en los ríos binacionales.

La investigación que replica este medio de comunicación es el resultado de las becas que entrega anualmente la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que tiene como objetivo fomentar más y mejor periodismo en el Ecuador. Sus autores son periodistas locales que pertenecen a la Red de Periodismo de Investigación que la fundación promueve. Fueron seleccionados y recibieron capacitación y acompañamiento durante todo el proceso de reportería. Los equipos de trabajo plantearon hipótesis de trabajo y buscaron respuestas durante más de tres meses. Parte medular del trabajo fue diseñar protocolos de seguridad para reducir los riesgos que amenazan al oficio. En algunos casos no figuran los nombres de los periodistas por motivos de seguridad. Finalmente, se siguió un estricto proceso de verificación o fact checking de cada afirmación que se hace.